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El PP denuncia que la Junta no ha aplicado su plan de prevención, a pesar de que reconoce la delicada situación de la comarca y del Guadalete
En junio de 2002 la Junta de Andalucía elaboró un plan de prevención de inundaciones orientado a evitar catástrofes provocadas por el temporal y en el que se señalaba a la comarca jerezana como una de las más peligrosas en este sentido. Desde entonces, Jerez se ha anegado hasta en cuatro ocasiones, lo que evidencia que no se ha aplicado el citado plan o que éste no ha dado los resultados que se esperaba.
Estas son las conclusiones del Partido Popular, cuya portavoz, María José García-Pelayo, denunció ayer con una expresión muy adecuada al caso que la iniciativa autonómica «se ha quedado en papel mojado». En concreto, como explicó la popular, el documento reconoce la comarca y la actuación sobre el río Guadalete como algo prioritario, sin embargo la intervención para su regeneración está contemplada en el nivel 3, es decir, el menos urgente de todos.
Algo tachado de «incoherente» por el PP, y más aún teniendo en cuenta que en Jerez se registran hasta seis puntos de riesgo, dos de ellos de alerta máxima. Se trata de El Portal y el arroyo Morales, mientras que el segundo nivel de importancia está fijado a la altura de La Barca, y los otros tres puntos de peligro por inundación se reparten en Guadalcacín.
Dado que la aplicación del plan deja mucho que desear, según García-Pelayo, el PP exigirá una revisión del mismo que dé lugar a la elaboración de otro que se adecue más a la realidad andaluza y, sobre todo, jerezana. Además, la formación pedirá que se contemplen las partidas presupuestarias pertinentes, para que se pueda llevar a la práctica con todas las garantías.
Lagunas en ayudas estatales
El diputado popular Aurelio Romero también compareció ayer para hacer público que la orden que recoge el acuerdo de ayudas estatales a los damnificados por el temporal no incluye que se duplicarán las subvenciones ya previstas en el Real Decreto 307/2005, como así lo acordó recientemente el Consejo de Ministros.
Asimismo, aseguró que la ley que regula las ayudas para los daños en la agricultura no está todavía en vigor, aunque cuando pueda ser aplicada sólo beneficiará a un 2 ó 3%, pues exige algunos requisitos que son cumplidos por muy pocos agricultores y ganaderos. «La ley supedita la percepción de estas ayudas a que los afectados tengan pólizas de seguro agrario, pero éstas sólo existen para los cultivos de primor y la gran mayoría de los agricultores no los tienen».
En 2008, según Romero, el Gobierno utilizó la misma técnica en lo referente a este tipo de subvenciones, por lo que fueron muy pocos los que se acogieron a ellas. En esta ocasión el PP quiere evitarlo, por lo que pide a la Administración central que «no ponga trabas y no vuelva a las andadas», dando la máxima prioridad a las ayudas y cumpliendo el compromiso de que van a ser el doble de cuantiosas de lo recogido en la última ley que regula las prestaciones por catástrofes
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