Si la situación del Ayuntamiento de Jerez es asfixiante, las pedanías cuentan todavía con menos aire para afrontar la adversa situación económica. Como es sabido, las transferencias mensuales con las que cuentan las siete entidades son prácticamente su único medio para subsistir, pero el Consistorio matriz se ha visto abocado a recortarlas al mínimo por la situación de estrangulamiento financiero que padece.
«A día 31 del mes pasado nos ingresaron 325 euros, dime tú qué hacemos con eso». Uno de los que más combativos se muestra es el alcalde de El Torno, el socialista Miguel Morales, que está dispuesto a emular a su compañero Antonio Ramos, de San Isidro, que hace justo un año cerró el Ayuntamiento a cal y canto por la falta de recursos. Ramos, socialista también, se enfrentó entonces a su propio partido en el Consistorio jerezano, donde gobernaba Pilar Sánchez.
Doce meses después, la situación no solo no ha mejorado sino que no ha terminado de tocar fondo. «Me estoy planteando cerrar totalmente el Ayuntamiento si en 15 ó 20 días no hay una solución, porque no se puede seguir así», asegura el alcalde de El Torno.
«Hasta aquí hemos llegado», sentencia Morales, para recordarles a los gobernantes jerezanos que «aquí los proveedores te llaman directamente y yo tengo ya un problema de salud, porque un día me va a dar un infarto».
Una medida de estas características significaría que «no se presta servicios a nadie», algo que podría acompañarse de «protestas más fuertes». Los cortes de luz por los impagos a la compañía suministradora son frecuentes, de hecho «inauguramos un campo de fútbol pero no se puede usar porque está a oscuras». La situación ha llegado a un límite «en el que no tenemos ni para folios».
Aunque este medio no pudo contactar ayer con el alcalde de San Isidro, Morales asegura que «su situación es todavía peor que la mía, no hay nadie que esté peor que él: le han ingresado 900 euros y no tiene para pagar a los proveedores, no tiene luz en las instalaciones ni dinero para hacer frente a las nóminas». Es por ello que, según Miguel Morales, el dirigente de San Isidro se plantea también cerrar llevar a cabo una actuación similar y cerrar las instalaciones.
Voto de confianza
Desde Torrecera su alcalde, Manuel Bertolet, reconoce que están «bastante desanimados» por la falta de liquidez. No obstante, han decidido dar un voto de confianza a las gestiones que está llevando a cabo el gobierno local jerezano para salir de la asfixia y, por ende, poder ir pagando las cantidades correspondientes a las pedanías.
El cierre de las instalaciones no se encuentra entre las posibilidades que barajan, ya que «hay que estar a la altura de las circunstancias y hacer de tripas corazón; no podemos dejar a nuestros vecinos sin servicios». Entiende Bertolet que «esconderse ahora no es la mejor solución aunque el desánimo sea lo que impere».
En definitiva, «confiamos en las gestiones que está realizando el gobierno y en que los pasos que están dando tanto aquí como en Madrid -en relación a la negociación de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda- den sus frutos». Así que «de momento no nos planteamos ninguna medida de protesta, pues lo que toca es esperar», zanja.
El caso de La Barca, que dirige el popular Alejandro López, tampoco es fácil. Pero «dentro de lo que cabe, subsistimos», afirma el alcalde. Y para quien crea que compartir siglas con el gobierno jerezano puede suponer un espíritu menos combativo, deja claro que «para nosotros lo primero es el pueblo, no las siglas». Como ejemplo pone el hecho de haber firmado un escrito enviado a Diputación por los siete alcaldes para que ésta abone las transferencias directamente a las entidades locales, sin la mediación del Ayuntamiento. «En la legislatura pasada, con Pilar Sánchez en Jerez, se hizo algo similar pero los socialistas no lo firmaron, solo Roque Valenzuela», enfrentado con la entonces regidora.
López asegura que lo están pasando mal pero entiende también que «la coyuntura es muy complicada en Jerez». Además, «el gobierno se está moviendo para poder hacer las transferencias mensuales». Asimismo, subraya que el equipo de la alcaldesa está «luchando porque entremos en el acuerdo de la Seguridad Social», lo que es una evidente muestra de la preocupación por el mundo rural, sin olvidar las mejoras en el caso del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Mucho más duras son las críticas del alcalde de Nueva Jarilla, el socialista Javier Contreras: «No hay ni un euro para pagar, 0,25 céntimos es la cantidad que tengo ahora mismo en caja».
Si se le plantea la posibilidad de echar el cierre y dejar de prestar servicios, señala que «sería lo último que haríamos porque estamos aguantando como podemos, pero la situación es complicada».
Respecto a los problemas de tesorería del Ayuntamiento matriz, hace hincapié en que «no tenemos la culpa de la mala gestión llevada a cabo». La nefasta situación económica ha abocado a que «nunca hayamos estado tan mal y es mi tercera legislatura».
En cuanto a la deuda que tiene el Ayuntamiento con la pedanía, asegura que debe rondar ya los 600.000 euros, pues «a fecha de 14 de septiembre pasado era de 469.000 y sube a razón de unos 30.000 mensuales». O sea, «cien millones de las antiguas pesetas».
Reclamación de la deuda
En total, lo que el Consistorio adeuda a las siete entidades locales son alrededor de cinco millones de euros y el alcalde de Torrecera, Manuel Bertolet, admite que las pedanías están estudiando la posibilidad de reclamar este asunto por la vía judicial. «Pero primeros vamos a agotar todas las vías de diálogo», precisa Bertolet.
En el caso de Guadalcacín la alcaldesa, Nieves Mendoza (Unión Rural Jerezana), señala que la situación no es tan grave aunque tampoco sea un camino de rosas.
«Además el Ayuntamiento de Jerez no está mejor, por lo que hemos decidido darle un margen de confianza para que las gestiones que está llevando a cabo surtan efecto», explica Nieves Mendoza.
Según ha anunciado el gobierno municipal, las pedanías serán parte fundamental del plan de tesorería que ya tiene el visto bueno de la Diputación provincial. Junto a los acuerdos que se están negociando con Hacienda para reducir la retención de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado), con el citado plan se pretenden liberar entre 30 y 40 millones de euros para hacer frente a los pagos a las pedanías y proveedores esenciales, así como a las nóminas de los trabajadores municipales.
Lo importante será, en palabras de la alcaldesa, «no suscribir más tomas de razón en el futuro», aunque todavía hay que lograr el plácet de Cajasol y Urbaser.
ALARMA EN EL MUNDO RURAL
Aunque el gobierno local está haciendo ingentes esfuerzos por pagar las transferencias y hacer frente a la deuda, la coyuntura por la que atraviesan las pedanías es cuanto menos dramática: cortes de luz y de teléfono, imposibilidad de hacer frente a los pagos a los proveedores... La asfixia es total.
